Documento político
La corrupción es el peor lastre que carga nuestro país. La corrupción ha penetrado hasta lo más profundo del sistema político mexicano y lo ha hundido en un desprestigio nunca antes visto en la historia nacional. Así, todos los poderes de la unión se rigen por las ganancias que puedan obtener ilícitamente y no por el deseo de servir a sus compatriotas.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los senadores, al igual que los diputados federales y locales se venden al mejor postor sin importarles los perjuicios que causen a una ciudadanía que, también debemos decirlo, les ha permitido todo, sumidos en una apatía que raya en lo inexplicable e increíble.
El poder ejecutivo ha demostrado estar convertido en una camarilla depredadora que está poniendo a los pies del capital internacional los bienes de la nación, por medio de las llamadas reformas estructurales, que sólo generan pobreza y desigualdad social.
La primera magistratura del país ya no es orgullo sino burla de los mexicanos, quienes muestran un enorme desprecio por el presidente, comparable solamente al que le profesaban a Maximiliano de Habsburgo en el ocaso de la fracasada época imperial.
Las leyes se han manipulado y tergiversado de tal manera que sólo sirven al sistema político mexicano, a sus políticos y a extranjeros que vienen a depredar también nuestro suelo. Las instituciones han sido trastocadas por la corrupción de tal forma que sólo sirven para hacer “buenos negocios familiares” y para despilfarrar el dinero de la peor manera, sin importar si esos gastos benefician o no a la gente.
Por eso en la Unión Nacional Independiente de Organización Social (UNÍOS) creemos que ha llegado el momento de que se haga valer el poder de la ciudadanía que la misma normatividad constitucional le otorga. Ya no podemos confiar en los políticos para seguir dirigiendo el destino nacional pues son numerosas las veces que han torcido el camino para traicionar la confianza de los ciudadanos.
Ya no dejaremos que sea una Auditoría Superior de la Federación, a la que nadie le hace caso, la que revise las cuentas nacionales. De hoy en adelante deberán ser los mismos ciudadanos quienes revisen y hagan valer su autoridad para que el tesoro nacional se maneje con la mayor honestidad.
Ya no dejaremos en manos de una Secretaría de la “Función Pública” las investigaciones de sus amigos los corruptos. Ya no permitiremos la farsa de esa “función pública de teatro” la que determine la inocencia de los culpables del saqueo.
Ya no dejaremos en manos de los ministros, del Congreso y del poder ejecutivo la administración hacendaria, la impartición de justicia, ni la creación de leyes justas porque, da pena decirlo, los actuales funcionarios, jueces y representantes populares lo han corrompido todo.
Ya no dejaremos en manos de un puñado de traidores, que se autodenominan "ciudadanos independientes", llamados consejeros electorales, la decisión de nombrar a los representantes populares que normalmente sustituyen a los verdaderos candidatos elegidos legítimamente por el pueblo. Consejeros que, comúnmente, son impuestos por el gobierno y los partidos políticos, a los que sirven con escrupulosa lealtad.
Ya no dejaremos que sea el presidente de la República quien nombre a todos los funcionarios del gobierno para que sean su comparsa y su séquito de aduladores, ni permitiremos que siga prevaleciendo el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo en la administración pública.
Si queremos los ciudadanos que esto cambie debemos ser los mismos ciudadanos quienes realicemos esos cambios, aplicando con rigurosidad las leyes, aún no sometidas a “reformas estructurales” y que preservan, todavía, algunos derechos civiles; serán los artículos 39 y 71 constitucionales la base que apoye a la movilización nacional para el establecimiento de leyes más justas, mismas que desaparecerán los fueros y privilegios de la minoría corrupta y de cualquier otra persona que pretenda abusar del poder que le otorga el pueblo mexicano.
Ya no dejaremos en manos de políticos corruptos la administración que siempre debió haber controlado la ciudadanía.
Lucharemos porque la participación colectiva sea la única fuerza y poder autorizado para modificar la normatividad que rija el destino nacional, para volver al estado de justicia, libertad y democracia que requiere un México moderno, independiente, desarrollado y verdaderamente libre.